sábado, 15 de noviembre de 2008

Por el derecho al buen nombre....

Por el derecho al buen nombre…deberían demandar a las familias.

Edna Yiced Martínez

Después de participar en un interesante debate organizado por el Centro de investigaciones Sociojurídicas (Cijus) de la Universidad de los Andes y el periódico El Espectador sobre la libre expresión y la opinión, y los delitos de injuria y calumnia, hay algunos elementos que me gustaría resaltar.

En el debate se expuso un proyecto de ley que está cursando en el congreso para despenalizar la injuria y la calumnia a la luz de una serie de demandas que han venido enfrentando algunos periodistas, entre ellos Alfredo Molano por resaltar y ponerle notables a algunas de las no más sanas costumbres sociales políticas y económicas del Caribe colombiano, y Pascual Gaviria por exponer lo que ha su juicio fueron sido los elementos más sobresalientes de la administración de Luís Pérez durante su paso por la alcaldía de Medellín.

Al debate asistió también el ponente de proyecto quien expuso el peligro que significaba para un país como Colombia penalizar la opinión, y exaltó la necesidad de permitir que todos, desde periodistas, políticos, funcionarios públicos, calumniadores e injuriosos profesionales tuvieran la posibilidad de expresar sus opiniones libremente. Y la relatora especial para la libertad de expresión de la OEA quien expuso y enfocó sobre la obligación que tiene la sociedad, y en particular los y las periodistas de velar, informar y opinar sobre las acciones de los funcionarios públicos, así como la necesidad de crear un mecanismo que no sea el penal para sancionar la calumnia si se demuestra que la información es falsa, y que el o la periodista tenía conocimiento de dicha falsedad.

Hasta ahí el debate era algo endogámico; el escenario parecía bastante sintonizado con los argumentos sobre la supremacía de los derechos y la necesidad de proteger la libertad de prensa y opinión frente a un derecho algo difuso como es la honra y el buen nombre. Además los organizadores reconocieron que faltaba la otra cara porque desafortunadamente no había sido posible convocar a los opositores del proyecto de ley.

Eso me hacía presumir que el tiempo posterior a las exposiciones se referiría más a cuestiones aclaratorias o técnicas. ¡Pero no! En una de las últimas hileras del auditorio, con un traje oscuro, una lapton de donde leía apartes de la columna de Molano, y un tono de voz tembloroso pero decidido, uno de los demandantes contra Alfredo Molano, un joven miembro de la familia Araujo, haciendo gala de su formación como jurista expuso las razones por las que él y sus parientes habían hecho uso del recurso penal para hacer valer derechos que consagra la Constitución, como los derechos a la intimidad personal y familiar y el buen nombre. Dijo que no se puede estigmatizar a toda una familia, sus antecesores y sus descendientes por los posibles delitos cometidos por sus familiares, tres para ser exactos, quienes están siendo investigados, y que debe ser la justicia quien dicte sentencia, y, según su tesis, un periodista no tiene derecho a desprestigiar el buen nombre de esa familia.

Aunque comparto con el auditorio el reconocimiento que se le hizo por la valentía de presentarse, y por la forma en la que expuso sus argumentos, desde mi punto de vista lo que le sobra de abogado a este miembro de la nueva generación de notables, le falta de historiador. Sin embargo, no hace falta ser historiador ni un juicioso estudioso del Caribe para entender las dinámicas de las relaciones de poder en esas regiones del país, regiones donde los Araujos en todas sus combinaciones, derivaciones y filiales han estado arraigados en el poder, y no siempre en sus más sanas y santas expresiones. Yo me pregunto ¿será que nadie le ha contando a este joven y juicioso estudiante el tipo de delitos de los que se acusa a sus familiares, o nadie le ha contado las formas en las que se consolidó el poder electoral de su familia, o la razones por las que se le exigió la renuncia de la cancillería a una de sus notables parientes, en donde hasta el gobierno entendió que era insostenible e impresentable ante la comunidad internacional una persona cuyos familiares están siendo acusados de delitos tan atroces como son el concierto para delinquir, paramilitarismo, secuestro y extorsión.

Si nadie le ha contado a este nuevo notable sería bueno que se leyera las columnas de Alfredo Molano que bastante sabe del Caribe colombiano, o que preguntara en las plazas, las tiendas o los parques de Valledupar lo que la gente desde siempre ha sabido sobre cómo funcionan las cosas en las tierras del Cacique de Upar, o en la fiscalía o los tribunales cuántos procesos y de qué índole están abiertos en contra de algunos miembros de su familia.

Por lo tanto, y aunque considero que son pocos los que en estas latitudes se preocupan por el buen nombre y la honra, así como son pocos los poseedores de buenos nombres y apellidos, porque, aunque son derechos constitucionales su génesis está en las relaciones de jerarquización y estratificación social de la colonia, si yo fuese miembro de alguna de las familias notables del caribe o del interior, o del occidente o del oriente del país, en vez de estar demandando a los cronistas, a los biógrafos, a los fotógrafos demandaría a los miembros de mi familia por sus vínculos no sanos, y las formas históricas en las que se han hecho notar, ya que son esas las que en realidad dañan cualquier nombre y apellido.